La filial
chilena, Endesa, ha propuesto a Elena Salgado como consejera de la empresa tres
meses después de dejar el cargo. Según la ley de Incompatibilidades, los altos
cargos públicos no pueden trabajar en una empresa española hasta que pasen dos
años tras dejar su puesto. Por ello, y para evitar conflictos de este tipo,
siguen cobrando el 80% de su sueldo durante este período.
La ex vicepresidenta ha consultado a la Oficina de Conflictos e
Intereses, organismo dependiente del ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, y esta ha dado el visto bueno, pero hay una gran polémica. La firma
defiende que, dado que el tema energético era responsabilidad del Ministerio de
Industria, Salgado no ha tenido relación directa con la compañía. Para no
mojarse las manos, el ministro de Agricultura, Miguel Arias, ha apuntado que
“cada cual tiene su nivel ético”. Soraya Sáez de Santamaría, ministra de Economía, ha declarado que es
legal pues no se trata de una empresa española.
Por su parte, los propios socialistas arremeten contra ella. Asimismo,
Rosa Díez, diputada de UPyD, reclama que la ex vicepresidenta renuncie a su
indemnización como servidora pública. Cayo Lara, coordinador federal de IU, considera
que es un premio por los “servicios prestados” y ha remitido una batería de
preguntas al Congreso sobre este tema.
Es verdad: esta empresa no tiene su sede en España, pero cotiza en
este país. Que Salgado haya aceptado este encargo puede ser legal –así lo ha
considerado la
Administración- pero disponer de dos suculentos sueldos en
estos dos años, no es ético. Para la sociedad sólo hay un tipo de puerta: la
que se abre o se cierra. Sin embargo, para los políticos existe una puerta giratoria
que no se cierra nunca y les permite pasar de lo público a lo privado sin
esfuerzo.
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